{“post_title”: “Gobierno Petro: seis grandes choques con gremios y empresarios”, “post_content”: “
TENSIONES ECONÓMICAS | La relación entre el Gobierno Petro y el sector privado ha estado marcada por la tensión constante, con desencuentros en reformas estructurales, intervenciones estatales y cambios regulatorios que han generado incertidumbre y desconfianza.
Cuando Gustavo Petro asumió la Presidencia en agosto de 2022, empresarios, inversionistas y gremios económicos se preparaban para un escenario inédito. Por primera vez en la historia reciente del país, un gobierno de izquierda llegaba al poder con la promesa de transformar el modelo económico, impulsar reformas estructurales y acelerar la transición energética.
Cuatro años después, el balance de la relación entre el Ejecutivo y el sector privado deja como conclusión una tensión constante. Las diferencias no surgieron únicamente por las reformas promovidas por el Gobierno. También estuvieron alimentadas por el tono de la confrontación política, las discusiones regulatorias, las intervenciones estatales en algunos sectores y la percepción empresarial de que las reglas de juego podían cambiar de forma permanente.
El informe Terreno inestable: la relación entre los gremios y el Gobierno Petro, elaborado por Colombia Risk Analysis, concluye que durante este cuatrienio se produjo una transformación profunda en la forma como el Ejecutivo se relacionó con el empresariado. Los gremios, tradicionalmente considerados interlocutores privilegiados de los gobiernos, pasaron a desempeñar un papel más cercano al de actores políticos dentro del debate público.
La consecuencia fue una relación marcada por los desencuentros con organizaciones como la Andi, Fenalco, Asobancaria, Acopi, el Consejo Gremial Nacional y diversos gremios económicos que cuestionaron algunas de las principales apuestas del Ejecutivo.
El primer gran choque: la reforma tributaria
La primera gran diferencia entre el Gobierno y el sector privado apareció apenas unos meses después de la posesión presidencial. La reforma tributaria aprobada en 2022 fue presentada por el Ejecutivo como una herramienta para financiar programas sociales, que buscó recaudar cerca de $20 billones anuales para reducir la desigualdad y fortalecer las finanzas públicas. Sin embargo, desde el empresariado fue vista como el inicio de una etapa de mayores cargas fiscales.
Luis Acevedo Prada, CEO del Centro Jurídico Internacional, considera que el principal efecto de la reforma fue que “elevó la carga fiscal de distintos sectores y modificó reglas relevantes sobre tributación empresarial, dividendos, sobretasas y cargas específicas”. Para el abogado, aunque las reformas tributarias son legítimas dentro de cualquier democracia, el problema fue que las empresas comenzaron a operar bajo la expectativa permanente de nuevos ajustes fiscales.
“Esa dinámica generó una percepción extendida de inestabilidad regulatoria”, asegura. La preocupación empresarial no se limitó a los nuevos impuestos. También estuvo relacionada con el impuesto al patrimonio, los cambios en las retenciones y las discusiones sobre nuevas fuentes de recaudo que se plantearon a lo largo del cuatrienio.
Para varios gremios, el debate dejó de ser exclusivamente tributario y empezó a afectar decisiones de inversión, expansión y contratación.
La reforma laboral y el temor por los costos de contratación
Si hubo una iniciativa capaz de unir a buena parte del empresariado en una misma preocupación fue la reforma laboral. Durante meses, gremios y empresas advirtieron que los cambios propuestos tendrían un impacto significativo sobre los costos laborales, especialmente en sectores intensivos en mano de obra como comercio, servicios, hotelería, restaurantes e industria.
La reforma finalmente aprobada como Ley 2466 de 2025 modificó aspectos como la jornada nocturna, los recargos dominicales y festivos, los contratos de aprendizaje y distintas modalidades de contratación. Sin embargo, según Acevedo, el impacto comenzó mucho antes de la entrada en vigencia de la norma. “Las empresas anticiparon mayores costos laborales incluso antes de la aprobación de la reforma”, señala.
Las cifras citadas por Fenalco reflejaron la preocupación del sector empresarial en su momento. Según el gremio, el 52% de los empresarios aseguraron que no aumentarían su planta de personal ante la nueva legislación, mientras que el 35% manifestó que podría reducirla. Además, el 67% calificó el impacto de la reforma como alto o muy alto.
Pulso por transición energética
Ningún sector protagonizó tantas tensiones con el Gobierno como el minero-energético. La decisión de no impulsar nuevos contratos de exploración petrolera se convirtió en uno de los principales puntos de fricción entre la administración Petro y los gremios empresariales.
Mientras el Ejecutivo defendía la necesidad de acelerar la transición energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, empresarios e inversionistas advertían sobre los riesgos para la autosuficiencia energética, la inversión y las finanzas públicas. Esto golpeó con fuerza a Ecopetrol, puesto que la utilidad neta de la petrolera de mayoría estatal para 2025 ascendió a $9 billones, una reducción del 39,5% frente al año anterior.
De acuerdo con el informe Reconfiguración Macroeconómica de los Flujos de Capital en Colombia (2022-2026), la inversión extranjera directa alcanzó un récord de US$17.182 millones en 2022. Sin embargo, la cifra descendió a US$13.684 millones en 2024 y cayó hasta US$11.469 millones en 2025. En otras palabras, la inversión extranjera registró una contracción acumulada de 33,2% frente a los niveles observados al inicio del gobierno.
Salud: cuando la discusión dejó de ser sectorial
La reforma a la salud se convirtió en otro de los grandes focos de tensión. La discusión trascendió rápidamente el ámbito sanitario y terminó convirtiéndose en un debate más amplio sobre la participación del sector privado en la prestación de servicios públicos.
Las intervenciones a EPS como Sanitas y Nueva EPS fueron observadas con preocupación por diversos sectores empresariales. Acevedo sostiene que estas decisiones enviaron señales que fueron interpretadas por parte del empresariado como una mayor disposición del Estado a intervenir actividades donde tradicionalmente participaban actores privados.
“La intervención de EPS como Sanitas y Nueva EPS fue percibida como una señal de mayor intervención estatal”, anota. A su juicio, uno de los problemas es que, pese a las intervenciones realizadas, aún persisten dudas sobre la capacidad de estas medidas para solucionar la crisis estructural del sistema.
Las discusiones sobre salud terminaron alimentando una preocupación más amplia relacionada con la seguridad jurídica y la estabilidad institucional.
Banca también entró en disputa
Uno de los mayores puntos de fricción surgió alrededor del denominado Pacto por el Crédito, un acuerdo promovido por el Gobierno para aumentar los desembolsos hacia sectores estratégicos como vivienda, agroindustria, manufactura, turismo y economía popular. El programa acumuló desembolsos por $241,6 billones frente a una meta establecida de $254,7 billones.
Con el paso de los meses, el Ejecutivo cuestionó los resultados obtenidos y acusó a las entidades financieras de no cumplir plenamente los compromisos adquiridos. La banca respondió argumentando que el principal obstáculo no era la oferta de crédito, sino la menor demanda provocada por las altas tasas de interés y la desaceleración económica.
Luis Fernando Ramírez, docente e investigador económico, considera que el sector financiero estuvo entre los más afectados por las decisiones adoptadas durante estos años. “Por medidas no solamente regulatorias sino también impositivas, sí vieron bastante menguada su rentabilidad y su sostenibilidad hacia el futuro”, señala.
Uno de los fenómenos más reveladores del cuatrienio fue el comportamiento de las empresas colombianas frente a la incertidumbre. Mientras la inversión extranjera directa mostraba señales de desaceleración, las compañías nacionales incrementaron sus inversiones en otros países.
El informe sobre flujos de capital muestra que la inversión directa de Colombia en el exterior alcanzó US$4.512 millones en 2024 y US$4.159 millones en 2025. Los principales destinos de esos recursos fueron servicios financieros, actividades empresariales, manufactura y servicios públicos.
Según el documento, este comportamiento constituye una estrategia corporativa de diversificación geográfica y cobertura frente al riesgo país. En otras palabras, parte del empresariado decidió buscar oportunidades fuera de Colombia mientras evaluaba con cautela el entorno regulatorio interno.
La confianza empresarial se debilitó
Quizás el indicador que mejor resume la relación entre el Gobierno y el sector privado durante estos cuatro años es la confianza. Los datos muestran que la inversión productiva permaneció rezagada durante buena parte del cuatrienio.
La Formación Bruta de Capital Fijo, que mide la expansión de activos productivos como maquinaria, infraestructura y edificaciones, cayó 8,9% en 2023 y volvió a contraerse 2,9% en 2024. Aunque en 2025 registró un crecimiento de 1,3%, el resultado siguió siendo insuficiente para recuperar plenamente el terreno perdido.
El informe concluye que muchas empresas optaron por una estrategia defensiva, priorizando liquidez y acumulación de inventarios sobre nuevas inversiones productivas. A esto se sumó el deterioro de algunos indicadores de confianza empresarial.
El Índice de Confianza Industrial de Fedesarrollo se ubicó en terreno negativo en varios momentos del período, reflejando preocupaciones relacionadas con pedidos, producción y expectativas
Impacto en la Inversión y el Empleo
La relación tensa entre el Gobierno Petro y los gremios empresariales ha tenido consecuencias significativas en la inversión y el empleo en Colombia. La incertidumbre regulatoria y la percepción de inestabilidad jurídica han llevado a muchas empresas a adoptar una estrategia defensiva, priorizando la liquidez y la acumulación de inventarios sobre nuevas inversiones productivas.
Según datos citados en el informe, la Formación Bruta de Capital Fijo cayó un 8,9% en 2023 y un 2,9% en 2024, lo que indica que la inversión productiva permaneció rezagada durante buena parte del cuatrienio. Aunque en 2025 registró un crecimiento de 1,3%, el resultado siguió siendo insuficiente para recuperar plenamente el terreno perdido.
La inversión extranjera directa también se vio afectada, con una contracción acumulada de 33,2% frente a los niveles observados al inicio del gobierno. En particular, la inversión en el sector petrolero pasó de US$3.058 millones en 2023 a US$2.498 millones en 2024, una caída de 18,3%. La manufactura enfrentó una contracción aún mayor, con una caída de 42,8% en la inversión.
En cuanto al empleo, aunque el gobierno Petro cerrará con una de las tasas de desempleo más bajas de las últimas dos décadas, el comportamiento de la economía deja señales mixtas. La informalidad laboral se ubica en 54,2%, y expertos advierten que una parte importante de los nuevos empleos se concentra en actividades de baja productividad y con menores niveles de protección social.
Desafíos para el Futuro
El principal reto para la próxima administración será reconstruir los puentes con el sector productivo y recuperar la confianza en las instituciones y las reglas de mercado. La discusión gira alrededor de si las transformaciones impulsadas durante estos años lograron sentar las bases de un nuevo modelo productivo o si dejaron una factura en materia de inversión y confianza que el país tardará años en recuperar.
