Con un mes por concluir el mandato de Gustavo Petro, los análisis sobre la economía colombiana se intensifican. Analistas, economistas y empresarios centran el debate en las finanzas públicas, especialmente en el manejo de la deuda y el déficit fiscal, mientras otros indicadores como inflación, tasa de cambio o desempleo muestran comportamientos desiguales.
Un punto destacado es que, a diferencia del gobierno de Iván Duque, la administración saliente no enfrentó el impacto directo de la pandemia.
Crecimiento moderado en el segundo trimestre de 2026
La economía colombiana habría crecido 2,7% en el segundo trimestre de 2026, según el indicador NowCast de Bancolombia. De confirmarse, este dato reflejaría una expansión moderada en la recta final del gobierno de Petro, correspondiente al último trimestre completo antes del cambio de administración en agosto.
El crecimiento anual del primer semestre de 2026 se estimó en 2,4%, cifra que, según Bancolombia, sigue siendo insuficiente para cerrar la brecha frente al potencial productivo del país. La recuperación, además, es heterogénea: sectores como recreación, servicios profesionales, agricultura e industria lideraron el avance, con expansiones anuales de 3,5% en agricultura y 3,7% en industria en junio. El comercio creció 4% y el sector financiero, 6%.
En contraste, la construcción perdió ritmo, con un crecimiento de solo 0,6%, mientras la minería se mantuvo en terreno negativo, con una contracción de 0,5%.
Deuda pública: ¿un problema de perspectiva?
El economista Jorge Coronel defiende que el debate sobre la deuda pública requiere un análisis técnico. Según sus cifras, la deuda neta del Gobierno Nacional Central cerró 2025 en 58,6% del PIB, por debajo del máximo histórico de 60,7% en 2020 y ligeramente inferior al 59,3% de 2024.
Coronel argumenta que el incremento del endeudamiento no comenzó con Petro, sino años antes: la deuda pasó de 33% del PIB en 2012 a 48% en 2019, con un salto adicional por la pandemia. Además, señala que el gobierno actual ha destinado recursos a pagar obligaciones heredadas, como los $23,1 billones del crédito con el FMI (2020-2025) o los $83,9 billones para cubrir el déficit del Fepc entre 2022 y 2026.
El economista también destaca que estas obligaciones se han asumido en un contexto de menores ingresos fiscales, afectados por decisiones judiciales, el hundimiento de dos leyes de financiamiento, un recorte de $10 billones al Presupuesto General de 2026 y la caída de dos decretos de emergencia económica.
Refinanciación y déficit fiscal: dos caras de la moneda
Coronel explica que la refinanciación de deuda es una práctica habitual para optimizar plazos y costos, no un nuevo endeudamiento. El Ministerio de Hacienda, añade, realiza operaciones como canjes o recompras de títulos para mejorar el perfil de vencimientos. Sin embargo, advierte que los mercados pueden interpretar negativamente esta estrategia si se convierte en la principal forma de atender compromisos fiscales.
Desde una postura crítica, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, afirma que el gobierno de Petro deja una economía con elevado déficit fiscal, mayores costos de deuda y deterioro de la confianza empresarial. Aunque reconoce avances en reducción de desempleo y pobreza, los considera “alivios temporales con corte electorero”, sin bases para ser sostenibles.
Mac Master señala problemas estructurales: gasto público sin respaldo, inflación persistente, inversión debilitada y pérdida de confianza. “El Estado gastó como si el futuro no fuera a cobrar intereses”, asegura, y concluye que el próximo gobierno recibirá una economía más frágil y vulnerable.
El plan 3-2-1 para reactivar la inversión
Investigadores de Corficolombiana proponen que el gobierno de Abelardo De La Espriella priorice la recuperación de la inversión en infraestructura, vivienda y sector mineroenergético. Su plan “3-2-1” incluye tres apuestas sectoriales: construir un millón de soluciones de vivienda, desarrollar 5.000 km de red vial primaria e intervenir 35.000 km de vías terciarias, y recuperar una producción de un millón de barriles diarios de petróleo.
Para viabilizarlo, se requieren $80 billones en cuatro años, que incluyen compromisos con proyectos 4G y 5G ($24,8 billones), vías terciarias ($20 billones), peajes ($12 billones), subsidios de vivienda ($11,6 billones) y obligaciones energéticas ($9,2 billones).
Los expertos subrayan la necesidad de combinar disciplina fiscal, priorización del gasto y reformas para agilizar trámites, modernizar consultas previas y fortalecer la estabilidad jurídica. Si se ejecutan, estas medidas podrían sumar un punto porcentual adicional al crecimiento económico.
Efectos prácticos
- Expansión económica heterogénea por sectores: La economía presenta un crecimiento del 2,7% en el segundo trimestre de 2026 impulsado por avances en agricultura, industria, comercio y servicios financieros, mientras la construcción pierde ritmo y la minería se mantiene en contracción.
- Atención de obligaciones heredadas con menores ingresos: El gobierno ha destinado recursos para pagar créditos con el FMI y cubrir el déficit del Fepc en un contexto de reducción presupuestal y caída de decretos de emergencia que afectan los ingresos fiscales.
- Requerimiento de financiamiento para infraestructura y vivienda: La ejecución del plan propuesto para reactivar la inversión exige la disponibilidad de $80 billones en cuatro años para cumplir compromisos en proyectos viales, subsidios de vivienda y obligaciones energéticas.
